Fiscales señalados de estancar casos: Impunidad en Barranquilla pone en entredicho la administración de justicia

Funcionarios de la Fiscalía señalados de corrupción y negligencia en la resolución de casos delicados

En un nuevo escándalo que sacude a la Fiscalía General de la Nación en la ciudad de Barranquilla, se revelan denuncias de abuso de confianza, plagio y corrupción que involucran a altos funcionarios y fiscales encargados de investigaciones cruciales. Los hechos, que datan desde el año 2017, han sido objeto de dilaciones y negligencia por parte de las autoridades competentes, generando una profunda preocupación en la sociedad.

El caso se inició el 4 de julio de 2017, cuando se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, seccional Barranquilla, solicitando que se investigara los delitos de corrupción, abuso de confianza y plagio. El cual está inmerso el funcionario público Jaime Berdugo Pérez quien trabaja para la familia Char, y los contratistas de la alcaldia, Rafael Urquijo y Diego Urquijo.

Alex Char -Jaime Berdugo

La denuncia penal fue radicada en la Unidad Fiscal 56 de Patrimonio Económico y Fe Pública con el número de radicado 080016001257201703303. Sin embargo, durante el proceso investigativo, los fiscales han sido señalados de dilatar la investigación, negar derechos y mostrar negligencia en el manejo del caso.

En un giro sorprendente, para diciembre de 2021, el fiscal Gustavo Orosco, quien estaba a cargo del caso, fue imputado y capturado por hechos de corrupción (Caso Corrupción Universidad Metropolitana), lo que llevó a su apartamiento del proceso. Ante esta situación, la investigación quedó acéfala y se designó a la fiscal coordinadora Yudis Berdugo Blanco como encargada del caso.

Gustavo Orozco Y Yudis Berdugo

Sin embargo, la fiscal coordinadora Yudis Berdugo también ha sido denunciada por su inoperatividad y constante vulneración de derechos, evidenciando un patrón similar al de su predecesor. Se le acusa de negar o no responder a derechos de petición, dilatar las gestiones de persecución en la investigación y favorecer a los supuestos victimarios con prerrogativas de extinción de la acción penal.

En el 2022, debido a múltiples PQRS y tutelas presentadas por el deterioro de la gestión judicial y el paso del tiempo desde la presentación de la denuncia en 2017, se designó a la fiscal Betzaida Guerra Martínez de la Fiscalía 60 seccional de Barranquilla para brindar apoyo en la investigación. Sin embargo, la funcionaria ha demostrado el mismo modus operandi de inoperatividad y constante vulneración de derechos, lo que evidencia la negligencia y abandono de sus funciones.

Betzaida Guerra Martínez

A medida que los años pasaron, la demora en la toma de acciones concretas, como la imputación basada en los elementos probatorios existentes, ha generado fallas en la administración de justicia y la consecuente caducidad de los términos procesales, lo cual perjudica tanto a las instituciones como a la percepción de que el delito no se castiga adecuadamente.

Incluso tras la emisión de una sentencia de tutela en julio de 2022, que ordenaba a la fiscalía resolver definitivamente y de fondo la solicitud de tutela presentada en 2017, hasta la fecha no se ha recibido ninguna determinación o solución por parte de las autoridades competentes.

A pesar de que se dictó una sentencia de tutela el 19 de julio de 2022, en la cual se ordenaba a la Fiscalía 56 seccional de Barranquilla y a la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico resolver definitivamente y de fondo la investigación penal en cuestión, hasta la fecha no se ha recibido ninguna determinación o solución.

Además, se interpuso un incidente de desacato por parte de los denunciantes debido al incumplimiento del fallo de tutela. Sin embargo, los magistrados JORGE ELIÉCER CABRERA JIMÉNEZ, DEMOSTENES CAMARGO DE AVILA, JORGE ELIECER MOLA CAPERA de la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla con un pronunciamiento amañado e ilegal decidieron archivaron el desacato.

Para las víctimas, es Irrisorio o burlesco como dentro de sus fallos citen conceptos de sentencia de la Corte Constitucional con relación al incidente de desacato, que no van armonizados con su actuar, y pretendan darle una formalidad o tecnicismo de legalidad; cuando por concepto se estipula que  No sólo se protege éste cuando se permite que se acuda a la tutela, se reconozca la vulneración de los derechos fundamentales en el fallo, y se establezca la respectiva orden para su protección. Se necesita ir más allá y poner en marcha todas las medidas procesales para que la materialización de la protección SEA UN HECHO.

Es decir, la administración de justicia se convierte en un mero papel u oficio diligenciado, lo dieron como tramite de un hecho cierto, cuando en realidad es totalmente incierto y desconocido, prueba de ello, es que, en la actualidad se sigue esperando el acatamiento del funcionario que con dolo engaña o se armoniza con los denunciados.

Abogado Jose Vergara C

Esta situación genera la percepción de que la administración de justicia en Barranquilla está privatizada, ya que se observan patrones de dilación y falta de respuesta similares en otras investigaciones que involucran a los mismos denunciados y fiscales.

La demora injustificada y la falta de acción por parte de las autoridades judiciales manchan la integridad del sistema judicial y socavan la confianza de los ciudadanos en la justicia. Es imperativo que se tomen medidas inmediatas para resolver este caso y garantizar un proceso transparente y justo. La sociedad espera respuestas y acciones concretas por parte de las instituciones encargadas de administrar justicia en Barranquilla.