La vicecanciller Marta Lucía Ramírez del gobierno del presidente Iván Duque ha sido involucrada en una investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Napoli, Italia, que tiene como objetivo a Massimo D’Alema y Alessandro Profumo.
Según la prensa italiana, la investigación también menciona a Edgardo Fierro Flores, jefe del grupo de trabajo para la presentación de oportunidades en Colombia, a la canciller colombiana Marta Lucía Ramírez, así como a Germán Monroy Ramírez y Francisco Joya Prieto, delegados de la comisión del Senado colombiano.
La investigación sugiere que Marta Lucía Ramírez habría recibido 40 millones de euros, mientras que la otra mitad se habría quedado en Italia. En total, se habla de una suma de 80 millones de euros en sobornos ilegales.
La fiscalía sostiene que en los últimos años, los sujetos investigados han trabajado como promotores de la iniciativa económico-comercial para vender productos de empresas italianas al Gobierno de Colombia, específicamente aeronaves M 346 de Leonardo y corbetas y pequeños submarinos de Fincantieri, con el objetivo de obtener contratos formales y definitivos por un valor total de más de 4 mil millones de euros. Giuseppe Giorgi, exgerente general de Fincantieri, también está involucrado en la investigación.
Esta mañana, la Digos registró las residencias de Massimo D’Alema, ex primer ministro italiano, y Alessandro Profumo, banquero y exdirector ejecutivo de Leonardo, una empresa estatal en el sector de la defensa. Los allanamientos se llevaron a cabo en el marco de las investigaciones sobre la venta de armas y naves militares a Colombia, que ya se habían dado a conocer en los últimos meses. También se buscó a dos intermediarios, Emanuele Caruso y Francesco Amato, quienes supuestamente mediaron en la venta utilizando credenciales falsas.
La investigación se centra en la posibilidad de que, en el contexto de la venta regular de armamento italiano a Colombia, algunos hayan intentado obtener ganancias ilícitas. Se sospecha que el reparto de la suma se realizó a través de un despacho de abogados con sede en Miami, informado por D’Alema, llamado Robert Allen Law, representado en Italia por Umberto Bonavita y Gherardo Gardo.
D’Alema admitió anteriormente haber tenido contactos con Colombia, pero aseguró que no estaban relacionados con este caso. Según él, fue contactado por figuras políticas colombianas que le pidieron información sobre la compra de productos militares italianos, y él informó de inmediato a Leonardo y Fincantieri. Sin embargo, la investigación ha revelado conversaciones telefónicas en las que se menciona la posibilidad de recibir 80 millones de euros.
La vicecanciller Marta Lucía Ramírez no ha emitido declaraciones sobre estas acusaciones, y se espera que las investigaciones continúen para esclarecer los hechos y determinar las implicaciones legales correspondientes.
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