Así las fiscales Yudis Berdugo y Betzaida Guerra dilatan las investigaciones penales en Barranquilla

Se denuncia la impunidad de las fiscales Yudis Berdugo y Betzaida Guerra en la ciudad de Barranquilla.

Según el denunciante, quien ha interpuesto una tutela y un incidente de desacato ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, estas fiscales han dilatado una investigación penal por seis años, vulnerando su derecho al debido proceso y acceso a la justicia.

Los fiscales de la seccional Atlántico, en cuestión han empleado diversas artimañas para obstruir la justicia. En primer lugar, no permitían la entrega de pruebas para aportes al expediente que cursa en la entidad fiscal, argumentando falsas razones como la congestión o que los servidores están de vacaciones. El denunciante argumenta que solo por la vía de tutela fue permitida allegar los Elementos Materiales Probatorios para hacerlo valer en el proceso que cursa en la Fiscalía 56 Seccional de Barranquilla.

Además, no estarían subiendo al sistema nacional penal todos los documentos y material probatorio para no dejar rastro o evidencia alguna acerca de los hechos investigados que enlodarian a asesores y funcionarios de la casa Char.

También han amedrentado a la víctima para que no coloquen quejas ni reclamos por sus derechos y, en caso de responder a las peticiones, lo hacen de manera poco clara y sin profundizar en el fondo del asunto.

Este modus operandi ha permitido que el proceso que se lleva por delitos de autor cometidos por funcionarios y personas cercanas a la familia poderosa Char, que data desde el 2017, aún no haya sido definido. Todo esto ha ocurrido en connivencia con la Fiscalía 56 Seccional de Barranquilla y la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico, cuyos representantes no han tomado medidas efectivas para solucionar esta situación.

A pesar de que el fallo de tutela concedió tres meses para que la Fiscalía Seccional del Atlántico definiera el caso en cuestión, la decisión no se ha tomado hasta la fecha. El denunciante afirma que esta situación podría estar relacionada con una supuesta privatización de la administración de justicia por una familia poderosa en la ciudad.

El denunciante exige una solución definitiva a la investigación y la imputación de los responsables, así como una investigación exhaustiva sobre la actuación de las fiscales Berdugo y Guerra. Además, llama a las autoridades competentes a garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.