Un fiscal de la Fiscalía General ha confesado a La Nueva Prensa que no puede soportar la frustración, el dolor y la culpa por más de 200 asesinatos de personas, incluidos niños y personal militar, que intentó prevenir y aún así sucedieron. A través de informantes y escuchas legales, identificó a los asesinos y sabía quiénes, dónde, cuándo y cómo ocurrirían estas muertes. Notificó al fiscal actuante por escrito para prevenirlas, Daniel Ricardo Hernández Martínez, pero él permitió que sucedieran. El investigador luego recopiló registros de noticias de todos estos crímenes y los envió gradualmente al fiscal a través de mensajes de chat, que ahora permanecen como evidencia en el expediente con número de expediente 110016000088200800056.
Entre las personas asesinadas impunemente por el Clan del Golfo se encuentra un funcionario de la Fiscalía General.
Los asesinos, que actualmente siguen siendo libres con la protección de la Fiscalía General, la Policía Nacional y las fuerzas militares, son 14 empresarios del crimen del Clan del Golfo en la costa norte, y los muertos “pueden superar los cinco mil, y eso se puede probar si la Fiscalía General permite una investigación exhaustiva”.
A pesar de la abundante evidencia judicial recopilada, Daniel Ricardo Hernández Martínez incluso ha impedido que algunos de estos 14 criminales sean registrados como tales en la Fiscalía General.
En esta segunda nota de una serie sobre este tema, La Nueva Prensa reproduce a continuación un informe policial judicial y treinta certificados del investigador judicial con los que dio a conocer oficialmente que se cometieron decenas de asesinatos que intentó sistemáticamente prevenir.
Las investigaciones de agentes que intervinieron en teléfonos y consultaron fuentes humanas reconocidas también recopilaron información sobre exportaciones de cocaína y lavado de dinero de esa actividad. Esta información ha sido ocultada por Daniel Ricardo Hernández Martínez al sistema de justicia de los Estados Unidos, aunque afecta los intereses de ese país.
Las advertencias del investigador fueron dirigidas principalmente al fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, aunque también al director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, Alberto Acevedo Quintero, un funcionario que no hizo nada para prevenir los asesinatos, que ocurrieron en siete departamentos de la costa norte, pero principalmente en Magdalena.
La coordinación de los planes para cometer los asesinatos se encuentra en miles de grabaciones de escuchas telefónicas, de las cuales La Nueva Prensa tiene copias que se revelarán más adelante.
El perfil del Clan del Golfo en la costa norte y sus 14 líderes principales también fue elaborado por los investigadores del CTI con el apoyo de fuentes humanas reconocidas legalmente. Avanzaban a pesar del sabotaje de la propia Fiscalía General y del fiscal Daniel Ricardo Hernández Martínez, quien terminó amenazando a uno de los funcionarios que anticipó los asesinatos que iban a cometerse y luego los informó como hechos consumados para registrar la negligencia institucional.
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