Cinco policías implicados en transporte de marihuana en Valle del Cauca son judicializados por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación ha logrado un importante avance en la lucha contra el narcotráfico al conseguir la judicialización de cinco individuos implicados en el presunto transporte de cargamentos de marihuana en el departamento de Valle del Cauca.

Los hechos ocurrieron la noche del 25 de octubre de 2022, cuando personal de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional detuvo un vehículo en la localidad de Ginebra, Valle del Cauca. Durante la inspección del automóvil, los uniformados descubrieron la presencia de 374 kilogramos de marihuana en el baúl y en el asiento trasero. En el vehículo se encontraban Freiber Andrés Albarracín Rojas y el patrullero Felipe Andrés Daza Gallo.

Además del hallazgo de la droga, se constató que el vehículo había sido reportado como robado el 27 de diciembre de 2021, lo que aumentó las sospechas sobre la actividad ilícita.

Durante el procedimiento, intervino el intendente Wilmer Rojas Umaña, quien se acercó en otro vehículo y afirmó que la sustancia incautada había sido confiscada en Miranda, Cauca, y que estaban realizando el acompañamiento necesario para ponerla a disposición de las autoridades, siguiendo instrucciones de un fiscal.

Posteriormente, en el mismo corredor vial, otras unidades de tránsito y transporte encontraron 243 kilogramos adicionales de marihuana en otro vehículo, el cual también había sido reportado como robado. Durante las investigaciones, se determinó que los patrulleros Juan Daniel Ochoa Pórtela y Eduin Harbey Pérez Ramírez presuntamente habrían abandonado el automóvil después de ser alertados por el intendente Rojas Umaña sobre los controles en la zona.

Los cinco individuos involucrados, incluyendo el particular y los cuatro uniformados adscritos a la SIJIN de la Policía Metropolitana de Villavicencio, fueron presentados ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó múltiples delitos, entre ellos tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; receptación agravada; falsedad marcaria; fraude procesal; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Aunque los procesados no aceptaron los cargos, el juez ordenó su detención preventiva en un centro carcelario como medida de aseguramiento mientras continúa el proceso judicial en su contra.