Audiencia de juicio oral en materia penal debe ser presencial, determina Corte Constitucional

La Corte Constitucional de Colombia ha dado a conocer recientemente su decisión sobre la reglamentación de la virtualidad en la administración de justicia en el país. Si bien el proyecto de ley estatutaria inicialmente establecía que las audiencias judiciales debían llevarse a cabo de forma presencial, la Corte Constitucional ha emitido una serie de limitaciones al respecto.

En relación a las diligencias por casos de justicia civil, de familia o administrativos, será el juez quien tendrá la última palabra al decidir bajo qué modalidad se llevarán a cabo, ya sea presencialmente o de forma virtual. Sin embargo, en la audiencia de juicio oral en materia penal, la Corte Constitucional ha determinado la obligatoriedad de su cumplimiento presencial.

Solo bajo un motivo de fuerza mayor acreditado por el juez, se permitirá realizar esta diligencia de forma virtual. Esta decisión ha generado debate en los profesionales del Derecho que se encuentran en ejercicio, quienes han cuestionado la necesidad de la presencialidad en todos los casos.

La Corte Constitucional, por su parte, ha defendido su decisión señalando que es necesaria la presencialidad para respetar la libertad personal, las garantías procesales de los intervinientes y el principio de inmediación. En este sentido, la presencialidad permite que el juez pueda observar de manera directa la declaración de los testigos, la forma en que se desempeñan los intervinientes y la realización de la prueba pericial.

Sin embargo, algunos abogados han manifestado que la presencialidad en todas las audiencias puede generar problemas de movilidad, costos y tiempo, especialmente para quienes viven en zonas alejadas de los centros judiciales. Además, señalan que la virtualidad puede garantizar la protección de los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, en el contexto de la pandemia.

En este sentido, algunos expertos han señalado que la decisión de la Corte Constitucional podría generar la necesidad de contar con una infraestructura adecuada para garantizar la virtualidad en la administración de justicia, así como la implementación de protocolos de seguridad y confidencialidad en el manejo de la información.